Europa investiga el fraude en el etiquetado del pescado

Europa investiga el fraude en el etiquetado del pescado

Pescado barato etiquetado como si fuera una especie más cara. Es el fraude que trata de atajar el programa Labelfish, financiado por la UE, en el que participa España por medio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Tras analizar el ADN de 300 productos elaborados con atún, anchoa o bacalao comercializados en Madrid, Bilbao, Vigo y Santiago de Compostela, el equipo español ha llegado a una primera conclusión: el fraude se produce en todas las especies, aunque en porcentajes diferentes: el 25% en el caso de elaborados de atún congelado o fresco (incluidos todos aquellos que se ofrecen troceados en pescadería, sin que se vea el pez completo); el 11,3% en conservas de atún; el 12,2% en semiconservas de anchoa, y el 6,5% en bacalao seco salado. La investigación no ha detectado irregularidades en elaborados de bacalao fresco ni congelado.

“Que un producto no sea de la especie que marca la etiqueta no significa que sea de menor calidad o malo para la salud. Pero es un engaño al consumidor, a veces involuntario y a veces deliberado”, aclara Carmen González Sotelo, que ha coordinado el trabajo desde el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo. “En algunos casos está claro que son errores no premeditados porque no hay ganancia económica. Pero cuando se vende una variedad barata como si fuera otra más cara, es lógico pensar que hay un objetivo fraudulento”, apunta.

¿Por qué el atún es el pescado que presenta mayores tasas de etiquetado incorrecto? “Tiene que ver con la extensión de la cocina japonesa, que valora especialmente el atún rojo. Esta es la especie de mayor valor en el mercado, pero no es fácil distinguirla de otras cuando se vende en porciones o en preparados de sushi. Es lo que explica el alto porcentaje en los elaborados de atún”, detalla la investigadora del CSIC.

Diez alimentos bajo sospecha

 

El pescado ocupa el segundo lugar en la lista de los 10 alimentos con mayor riesgo de fraude recogida en un informe presentado por el Parlamento Europeo el pasado octubre a raíz del escándalo de la carne de caballo vendida como ternera en una veintena de países europeos. En la clasificación figura en primer lugar el aceite de oliva, y por detrás del pescado aparecen los productos ecológicos, la leche, los cereales, la miel, el café o el té, especias, vino y zumos de frutas.

El riesgo de fraude, según el informe, es mayor cuanto más larga es la cadena de producción y distribución (es decir, cuantos más intermediarios haya, más posibilidad de engaño) y también cuanto mayores son los posibles beneficios que pueda generar el intercambio de especies, por lo que los expertos subrayan la importancia de identificar el tipo de alimentos que pueden dar mayores ganancias.

El informe incluye algunas propuestas para combatir el problema, como la necesidad de establecer claramente lo que constituye un fraude alimentario, una definición que ahora no está armonizada en el territorio comunitario y, por tanto, puede ser distinta en cada Estado miembro.

En el caso del pescado, el etiquetado incorrecto preocupa no solo porque se trata de un fraude al consumidor. “También es un problema que puede afectar a la sostenibilidad marina, porque se corre el riesgo de sobreexplotar determinadas especies que vienen disfrazadas con otra denominación”, advierte Eva García Vázquez, investigadora de la Universidad de Oviedo y directora del estudio publicado en 2011 sobre la merluza. “Incluso puede causar alergias al dar información falsa sobre la especie”, añade.

Los resultados del trabajo español se contrastarán con los del resto de los países que participan en el proyecto (Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido y Alemania) cuando se publiquen todos. De momento, solo hay cifras preliminares en Reino Unido e Irlanda, que calculan unas tasas de error de entre el 2% y el 18%.

El propósito del proyecto Labelfish es establecer un sistema estandarizado de autentificación de especies marinas en toda la UE para mejorar la eficacia de los controles y combatir el fraude en un sector en el que ha saltado la alarma varias veces en los últimos años. En 2011, un estudio de la Universidad de Dublín descubrió que el 28% de los productos de bacalao comercializados en Irlanda y Reino Unido correspondían a especies más baratas que las que marcaban sus etiquetas. También en 2011, un equipo de las universidades de Oviedo en España y Aristóteles en Grecia demostró que casi el 40% de la merluza vendida en estos dos países tenía la procedencia trucada: se ofrecía como americana o europea cuando en realidad era africana (de menor valor). Otro trabajo publicado el año pasado, encargado por la organización de conservación marina Oceana, demostró que el 33% del etiquetado del pescado en EE UU era engañoso.

La industria asegura que no existe fraude. Juan Manuel Vieites, secretario general de la patronal conservera Anfaco, afirma que “el único laboratorio de control de especies y trazabilidad certificado por ENAC [la entidad nacional de acreditación] es el de Anfaco, y nosotros no hemos detectado irregularidades”. “El estudio del CSIC no está validado por ninguna autoridad certificadora”, añade. Luisa Álvarez, directora adjunta de Fedepesca (Federación de Detallistas de Pescado y Congelados), subraya que “el producto que llega a las tiendas y mercados se adquiere ya en las lonjas con certificado de trazabilidad”, por lo que si hay un agujero, este se debe de producir en un eslabón anterior de la cadena.

El problema es que no es fácil averiguar en qué paso está la grieta, como demostró el año pasado el escándalo de la carne de caballo vendida como si fuera ternera, que afectó a una veintena de países europeos, entre ellos España. El caso disparó la preocupación por el fraude alimentario en la UE y propició debates sobre la necesidad de aumentar los controles que aún no se han resuelto.

El eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo aprovechó la alarma para llamar la atención, a través de una pregunta a la Comisión Europea, sobre el alto porcentaje de irregularidades detectadas en el pescado. La respuesta fue que se está apoyando la investigación para mejorar la eficacia de los controles [con programas como Labelfish, por ejemplo]. “No es un problema de legislación, tenemos suficientes normas. Es un problema de control porque la UE no tiene un aparato administrativo para ejecutar esos controles, los tienen que hacer los Estados miembros. Y cada uno lo hace con mayor o menor eficacia”, señala Sánchez Presedo. “Pero se puede mejorar estableciendo un protocolo sistematizado y común a todos los países. Esto no se puede arreglar improvisando, hay que elaborar un plan estratégico”, opina.

Fuente: El pais